por José María Calleja publicado en eldiario.es 26/03/2013
Acusar de filoetarra a la portavoz de la plataforma antidesahucios, Ada Colau, no es solo una infamia, es un reflejo de la mentalidad autoritaria del PP y un síntoma más del recorte de libertades y derechos al que estamos asistiendo en España.
Cristina Cifuentes, la delegada que el Gobierno central, residente en Madrid, tiene en Madrid residiendo --puro pleonasmo--, ha conseguido su objetivo: la portavoz de una de las iniciativas ciudadanas que con más fuerza ha entrado en la vida política española queda marcada. Ha logrado la delegada del PP otro objetivo, que Ada Colau tenga que dedicarse a argumentar contra la mentira y que, al hacerlo, se vea obligada a reproducir alguna de las palabras empleadas por Cifuentes, con lo cual, aunque no lo quiera, acabará reforzando la vil insidia.
A estas alturas del final del terrorismo es evidente que la acusación de la delegada del Gobierno en Madrid, lanzada en la Radio Nacional, no tiene el efecto que hubiera logrado cuando los terroristas asesinaban a decenas de personas al año, pero puede inducir a una parte de la población a mirar a esta mujer, y al movimiento que representa, de otra manera, distinta a la anterior al enunciado de la infamia. Esta reacción de recelo puede estrenarse entre el público muy adicto a la causa popular, ese sector que esta macerado por el consumo diario y adictivo de los mensajes aventados por la derecha en el Gobierno. No sabemos si llegará a más gente.
La estrategia del PP es muy clara: cada vez que un colectivo levanta la cabeza y protesta contra el recorte de derechos y libertades que sufrimos, se le fulmina con acusaciones manufacturadas para desautorizarlo ante los ojos del resto de los ciudadanos que hubieran podido expresar solidaridad con ellos. Lo han hecho con los profesores de la pública, con los médicos de la pública, con los trabajadores del sector público, con los diputados públicos autonómicos; con los damnificados por el atraco de las preferentes y ahora han ido a por los expulsados de sus casas gracias a una ley de usura. Es una estrategia de criminalización de todos aquellos que protesten. Una estrategia para silenciar a los que no callen, a los que no traguen, a los que no sean sumisos con la pérdida de derechos y libertades.
El PP no quiere que haya conflicto en la España de Rajoy y para ello fulmina a los que denuncian las injusticias y pretenden crear una alternativa diferente a la consigna de austeridad. No puede haber protestas de los ciudadanos, no se nos puede notar el afán privatizador; por tanto, todos aquellos que denuncien la pérdida de sus derechos, serán oportunamente embadurnados como antisociales, egoístas, vagos, etarras y otros calificativos que estarán ahora preparando para lanzar contra los siguientes que asomen la cabeza. En el PP sostienen que los españoles hemos tenido en las tres últimas décadas libertades y derechos por encima de las posibilidades que nos corresponderían por nuestra historia y creen que ha llegado la hora de devolvernos a nuestro estatus de toda la vida: súbditos sumisos.
Mientras, el PP prohíbe las ruedas de prensa del PP, las reuniones de la ejecutiva del PP y el uso de todas aquellas palabras que puedan pronunciar miembros del PP que empiecen por B, de Bárcenas. Lo que no se cita no existe y lo que se nombra como filoetarra cobra realidad ante la parroquia que les vota o les puede votar.
Mientras, sigue el suma y sigue de tesoreros imputados, de maniobras para anular la causa judicial abierta contra ese hombre que no podrá nunca ser declarado culpable, de intentos por elegir juez ad hoc, de que pase el tiempo y escampe. Mientras sigan jugándose partidos de fútbol, Rajoy estará tranquilo.
Iba a escribir que no saben lo que dicen, pero sí. Para nuestra desgracia, lo saben demasiado bien. Su perversidad llega a extremos insospechados hasta para los más lúcidos. Y hay mucho tonto crédulo en este país. Unos cuantos millones que ni siquiera tienen nada que ganar cuando los votan.
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